La semana pasada, finalmente, se decidió que tanto los correos electrónicos de Rómulo León como los audios entre él y Alberto Químper debían ser considerados como prueba ilícita en el caso Petroaudios al ser el producto de  una interceptación telefónica, es decir una violación a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. El más feliz con esta noticia ha sido Alberto Químper, más conocido como don Bieto quien ha pedido que se investigue a los 'chuponeadores', no a los materiales, que ellos ya cumplieron su condena, sino a los que dieron la orden.

Con esta decisión, el caso Petroaudios amenaza con caerse y las negociaciones entre los funcionarios del último gobierno aprista pueden quedar impunes. Sin embargo, todo este caso se ha venido debilitando desde el primer día que empezó la investigación. Recordemos.

Destape del caso e inicio del proceso

Para que no se nos acuse de ser un país sin memoria, aquí algunos datos claves:

En octubre de 2008 se desató el escándalo de los petroaudios: interceptaciones telefónicas ilegales en las que se escuchaba a funcionarios de la administración de García traficar con sus influencias para otorgar contratos con el Estado. Los personajes claves aquí fueron Alberto Químper de Perupetro y el aprista Rómulo León, quienes veían la manera de hacerle favores a la empresa petrolera noruega Discover Petroleum Company.

La investigación se inició ese mismo año y se dividió en dos: por un lado el caso Businnes Track que incluía sólo a los chuponeadores materiales; y por el otro, el caso Petroaudios que pretendía indagar sobre los casos de corrupción que se desprendían de las conversaciones e involucraban a funcionarios de la administración aprista que habían vendido favores.

El caso BTR se resolvió rápidamente. Los responsables de la interceptación fueron encarcelados, cumplieron su condena y ahora ya están libres. Sin embargo, el caso de los Petroaudios sigue en cero e incluso para Alberto Químper ya prescribió porque este cumplió 75 años en el 2014.

Las pruebas empezaron a perderse desde el inicio

1. Cuando se inició la investigación, el fiscal encargado, Óscar Zevallos sólo notificó a la Procuraduría de Energía y Minas como representante del Estado y no a la Procuraduría Anticorrupción, cuando los delitos investigados eran competencia de ésta. 

2. En lo referido a los informantes del caso BTR también hay hechos más que sospechosos. Por ejemplo, los marinos Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza se acogieron voluntariamente a la colaboración eficaz, sin embargo, después de dar su manifestación, fueron excluidos del proceso y en vez de ser comprendidos en el caso se les premió con un contrato en los consulados de Patterson, Nueva Jersey, y Nueva York, respectivamente, con un sueldo de 4.500 dólares.

Además, Ismael Matta entregó a la fiscalía un USB con información incriminatoria que hasta ahora no ha sido incluida como prueba del proceso. En el informe de la Megacomisión, se recomienda que tanto el Fiscal Walter Milla como Jorge del Castillo, sean acusados por el delito de encubrimiento.

3. Pero eso no es todo, coincidentemente, el mismo día del primer allanamiento a las oficinas de BTR, la entonces Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz,tuvo una cita con Alan García. “Ella dice que fue para discutir un proyecto de ley pero esto resulta una coincidencia inverosímil”, afirmó Sergio Tejada en una entrevista que le realicé el año pasado.

4. Otro hecho llamativo es que el General de la Policía en retiro, Miguel Hidalgo, entonces ministro del Interior decidió que sea la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) la que se encargue del caso y no la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). Hidalgo justificó su decisión argumentando quela DIVINDAT no tenía los recursos suficientes. Como es de imaginar, la decisión de Hidalgo sólo trajo dificultades a la investigación. En un posterior allanamiento a la casa de la analista de BTR, Giselle Gianotti, en enero de 2009, se incautaron cuatro USBs que en el traslado hacia la DIRANDRO fueron cambiados por otros. La fiscalía recién se percató del cambiazo en marzo de 2010. Es decir, un año y dos meses después

5. Las pruebas siguieron desapareciendo. La madrugada del lunes 4 de mayo del 2009, un “intruso” ingresó al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, en el cuarto piso de Palacio de Justicia, y borró 592 archivos (audios y correos electrónicos) de dos USBs incautados también a Giselle Gianotti. Pero no es sólo la desaparición de pruebas lo que juega en contra del esclarecimiento de esta investigación. 

Mientras tanto,la ansiada prescripción llegó para Alberto Químper quien con 75 años de edad ya no está obligado a responder.

Lo que ha habido en todo este tiempo ha sido un debilitamiento del caso hasta quitarle la prueba más contundente. Para Joel Segura, procurador anticorrupción, declarar como prueba ilícita los audios interceptados a Rómulo León y Alberto Químper solo prosperaría en el siguiente caso:

“La única regla de exclusión probatoria se ha dado cuando ese privado (que hizo la interceptación) ha estado vinculado con algún agente del Estado, y ahí se contamina (la prueba), pero si no, no. Es como un hallazgo inevitable”

Si se sigue con este razonamiento aplicado por la Tercera Sala Penal, otros casos como el de las agendas de Nadine. Si bien fueron expuestas por los medios de comunicación, fueron obtenidas de manera ilícita. Llegado el momento, ¿se usará el caso de los Petroaudios como jurisprudencia? Ya veremos.