El asesinato del vigilante Germán Ramírez Huamán al querer evitar que hicieran una pinta política en el Callao, es solo la punta del iceberg de un sistema basado en la economía de la violencia. Cuando me enteré del caso, estuve convencida que la muerte de esta personas se pudo haber evitado. Les contaré por qué.

Durante los primeros meses de 2012, trabajaba en INFOS, la agencia de investigación dirigida por Ricardo Uceda, y uno de los temas en los que quisimos enfocarnos fue en la delincuencia, ponerle rostro. Nacida en el Callao y con la confianza de haber recorrido sus calles, decidí empezar por allí. Durante varios meses me fui acercando a diversos tipos de delincuentes de distinto rubro quienes, solidarios, me llevaron por varios distritos de Lima, empecé a conocer su 'código de honor', su vocabulario, y sobre todo, los niveles que cada uno de ellos tenía de acuerdo a las actividades que había realizado. 

Una de las primeras lecciones de los que ya estaban 'plantados' o ya no ejercían la delincuencia fue que el 'mejor' delincuente es aquel que no tiene ni una sola marca ni un solo corte en el brazo, aquel que "no parece". 

Alguna vez, quedaron de presentarme a un 'muchacho que había vivido bastante', un sicario. El punto de encuentro fue Plaza San Miguel, frente a Ripley. Llegué a la hora exacta pero no había nadie. Decidí llamar por teléfono, hey, estoy donde quedamos, ¿por dónde andas? - ¿Tu cartera es morada?- eh..sí.. - ya, voltea- 

Todo el tiempo estuvo ahí. Era un chico alto, delgado, tenía una pashmina en el cuello, unos lentes grandes de carey de esos que ya empezaban a ponerse de moda, estaba vestido como un hipster, no tenía más de 25 años. A su lado había otro hombre, bajo, moreno, vestido con ropa deportiva como si acabara de salir de una práctica de fútbol. A ninguno de los dos los hubiera reconocido. Jamás juzgar por las apariencias fue la lección de la noche.

El programa de Inserción Social 

Algunos días después recibí una llamada, era el hombre bajito, amiguita, tenemos un problema. Unos amigos están molestos por una situación que está pasando en el barrio y quieren hablar contigo. Esa mañana a las 10, nos encontramos frente al mercado del Callao, eran cerca de diez hombres. Todos ellos decían ser parte del "Programa de Inserción Social para las personas en conductas en riesgo de la Región Callao" y hace seis meses no les pagaban.

Este programa de Inserción Social estaba dirigido, en teoría, para las personas que habían delinquido y querían insertarse a la vida normal. Bajo este programa, el gobierno regional contrataba a ex delincuentes que querían regenerarse a cambio de que realizaran y asistieran a determinada cantidad de charlas para cambiar su conducta, participaran en ciertas actividades de fraternidad como chocolatadas, charlas a adolescentes que también tuvieran "conductas en riesgo", etc.  

Después de conversar con decenas de miembros de este programa, empezamos a manejar la hipótesis de que los miembros contratados eran guardaespaldas e intimidadores al servicio del gobierno regional. 

Una de estas personas con conducta en riesgo con la que conversé y que seguía "activo" se llamaba 'Pascual'. Su trabajo consistía - de acuerdo a su versión -en proteger las pintas del gobierno regional del Callao y evitar que ciertos partidos políticos realicen las suyas. Él describía su trabajo como 'meter palo'.

 Pascual me dejó escuchar varias conversaciones telefónicas en las que, aparentemente, coordinaba con otras personas la organización de las pintas. También me mostró los recibos por honorarios que giraba mensualmente a cambio de este trabajo. Todos los testimonios off the record  contaban la misma historia. Algunos 'plantados', otros 'activos', otros 'fantasmas' que aseguraban que no asistían ni a las charlas ni a ninguna actividad pero como 'llevaban' ciertos barrios, eran necesarios. 'Llevar' en la jerga del Callao quiere decir mandar sobre determinado territorio.

Usar la Ley de Transparencia

La única manera de corroborar la hipótesis que manejábamos era actuar por la vía legal y usar la ley de transparencia y acceso a la información pública para sustentar los testimonios. Pedí la copia de todos los contratos de los miembros del programa con el Gobierno Regional del Callao y la lista de las personas contratadas para la ejecución de la experiencia. La solicitud fue denegada. Los contratos, dijo la administración, contenían información confidencial. Nunca se explicó por qué.

En el colmo de la desvergüenza, el Gobierno Regional del Callao recurrió a la mentira, como explicó Ricardo Uceda en un informe para La República. 

Presentó al juzgado un cargo de notificación suscrito por un desconocido para simular que Rivadeneyra recibió una resolución que nunca le fue notificada. Al mismo tiempo pidió al juzgado que sancione al abogado de la periodista por recurrir al Hábeas Data sin habérselo comunicado.

Apelamos esa decisión pero no hubo respuesta. En setiembre del 2012 planteamos un Hábeas Data. Recién en el 2014, dos años después, el Poder Judicial falló a mi favor y ordenó al Gobierno Regional del Callao que entregue toda la información solicitada. Sin embargo, han pasado dos años desde entonces y sigo esperando que el Callao acate lo ordenado por la Justicia y me entregue esa información.

Esta información resulta de lo más relevante si se tiene en cuenta que el presupuesto que manejaba no era nada despreciable. Un millón de soles en el 2012 para realizar actividades que sus propios integrantes consideraban como casi inexistentes. Dos millones de soles en el 2011.

Por supuesto cuando les pregunté a los integrantes de este programa si les habían dado chalecos o algún tipo de material que justificara el gasto, se rieron de buena gana. Aún más, al enterarse del monto del presupuesto su indignación creció pues lo que les pagaban no se ajustaba a lo que figuraba en el papel. 

Lastimosamente, la hipótesis que manejábamos de acuerdo a los testimonios obtenidos nunca pudo ser corroborada con la documentación que solicitamos. Lo que cuento aquí es mi testimonio, lo que durante varios meses del 2012, viví. 

Por algún motivo, el gobierno regional del Callao ha preferido mantener como secreta esta información a pesar de lo ordenado por la Justicia. Información que adquiere mucha más importancia hoy que vemos lo que la guerra de las pintas es capaz de desatar. Los documentos que el Callao se niega a entregar pueden echar luces sobre un negocio violento que podría estar siendo financiado con recursos públicos.

Después de tanto tiempo me pregunto si en realidad existe esa información, si en realidad existe una base de datos con nombres y apellidos de personas que hayan participado en este programa y que se hayan, efectivamente, reinsertado a la sociedad. Cuando uno se pregunta dónde empieza el problema de la corrupción que deriva en delincuencia o por qué no existen formas para fiscalizar a nuestras autoridades, es imposible no mirar a la falta de transparencia, hacia el secretismo de los gobernantes como una de las causas principales.

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