El caso de K.L. se ha convertido en uno de los más emblemáticos en cuanto a derecho al aborto se refiere. En el 2001, ella era una adolescente de 17 años y se le diagnosticó un embarazo con feto anencefálico. Debido al riesgo que significaba, se le recomendó que se sometiera a un aborto terapéutico. Sin embargo, el conservadurismo de los médicos se lo impidieron y ella fue obligada no solo a tener al niño sino a amamantarlo durante los cuatro días que vivió.

Las secuelas de K.L. fueron físicas y por supuesto psicológicas. A partir de ese momento ella empezó una batalla contra el Estado peruano. Así, en el 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le dio la razón a K.L. y ordenó que el Perú le pague una compensación económica. Recién hace una semana, es decir, diez años después, el Estado peruano ha aceptado hacerlo.

Caso emblemático

Lo que sucedió con K.L fue impactante porque era la primera vez que:

 " un órgano de derechos humanos de la ONU responsabilizó a un gobierno por fallar en asegurar el acceso a los servicios legales de aborto". 

La decisión de compensar económicamente a K.L fue tomada en diciembre de 2015 y se hizo efectiva hace unas semanas. Mientras este caso era discutido y revisado, el Perú fue nuevamente sancionado por un caso tan o más trágico que el de K.L. Una adolescente que había sido violada también fue diagnosticada con el mismo tipo de embarazo. Las secuelas psicológicas y físicas fueron terribles y ahora, L.C ha quedado paralítica.

El protocolo para el aborto terapéutico fue publicado hace dos años, en pleno Mundial de fútbol sin embargo su implementación aún presenta varios obstáculos. El aborto terapéutico y en casos de violación debería ser reconocido como un derecho de la mujer, sobre todo cuando es su vida la que corre peligro.