Hace unos días, la historia de Eliobaldo Berrú se volvió viral. Su hijo de nueve años fue violado, torturado y asesinado, y desde entonces Eliobaldo, desesperado, recorría las calles con una pistola, a ver si la suerte ponía al asesino en su camino. La Policía lo capturó y lo presentó con un chaleco antibalas. Las redes sociales, los ciudadanos, los noticieros, todos se indignaron y el pedido de muerte para los violadores volvió a ser escuchado.

Hace unos días también, Keiko Fujimori reavivó la idea de la pena de muerte en el caso de violadores de niños menores de siete años, una propuesta que a la luz de casos tan terribles y recurrentes como el de Eliobaldo, es apoyada por gran parte de de los peruanos. Sin embargo, esta propuesta lejos de empoderar a la Policía y hacer que los ciudadanos vuelvan a confiar en ella, se enfoca en el castigo dando por hecho que la Policía no podrá prevenir ni actuar antes de que se cometa el delito.

Después de todo no resulta extraño que Keiko Fujimori proponga también regresar  al sistema del 24x24 que consiste en que los policías, durante su día de franco, puedan trabajar dando seguridad a empresas privadas: chifas, hoteles, bancos, casinos. Es decir, reducir la función policial a una actividad privada.

“Si es que fuera así, sería lo de antes. El policía podría cuidar un chifa, eso da mala imagen al policía, se convierte en huachimán.”, indicó Pérez Rocha a El Comercio.

Pero, ¿es posible instaurar la pena de muerte en el Perú?

No. No es posible si es que queremos seguir dentro del Pacto de San José y respetar la legislación internacional sobre derechos humanos. 

Actualmente, en el Perú la pena de muerte solo es válida para casos de traición a la patria en caso de guerra con otro país. Fue por eso que Víctor Ariza, el espía que entregó información a Chile, fue condenado pero no sometido a la pena de muerte.

Además, en la Convención Americana de Derechos Humanos de la que Perú es parte, se establece lo siguiente respecto a la pena de muerte:

Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

Es decir, si actualmente solo se aplica en los casos de guerra con otro país y por el delito de traición a la patria, no se puede ampliar la pena de muerte para casos de violación, terrorismo, etc. No se puede. No es posible. 

¿Es posible renunciar al Pacto de San José de manera parcial?

Según el abogado Mario Amoretti, no existe tal posibilidad. Entrevistado para Cuarto Poder, Amoretti dijo que Alberto Fujimori ya había hecho esa consulta cuando quiso pedir la pena de muerte para Abimael Guzmán y Victor Polay Campos.

Fujimori en 1992 hizo una consulta a la Corte Interamericana pidiendo que si podía hacer una renuncia parcial a la Corte  para aplicar la pena de muerte a los terroristas en este caso Abimael Guzmán y Polay, y la Corte le dijo No, no hay retiro parcial.

El argumento que usa Keiko Fujimori para afirmar que sí es posible volver a la pena de muerte, es el mismo que utilizó Alan García en el 2006 cuando también propuso la pena capital para los violadores de niños. Ambos señalan que debido a que la firma del Pacto de San José se aprobó en 1978, cuando aún estaba vigente la Constitución de 1933  que contemplaba la pena de muerte para delitos de traición a la patria y homicidio calificado, entonces sí se podría regresar a ese momento e instaurarla nuevamente. Sin embargo, los juristas se oponen a ese razonamiento.

En el caso hipotético de aprobarse la pena de muerte, ¿cuándo se haría efectiva?

Debido a que la aplicación de esta pena implica la renuncia del Pacto de San José, se tendría que esperar por lo menos tres años. Así lo explicó Ismael Vega, representante de Amnistía Internacional, en el año 2006.

"Para aplicar dicha medida se tiene que renunciar al Pacto de San José, y esto no es automático como muchos creen; se tiene que esperar dos años desde el momento de la denuncia para hacer efectiva esta clase de medidas, y si contamos el tiempo que demorará en discutir el tema en el Parlamento, la pena capital no se podría aplicar en menos de tres años"

Volver a la pena de muerte implica renunciar al Pacto de San José, algo muy similar a lo que hizo Alberto Fujimori cuando anunció su decisión de desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser “contraria a la soberanía” de Perú. Si Keiko Fujimori, como dice, no quiere salirse del Pacto de San José, entonces la propuesta de pena de muerte no es viable.

En tiempos donde la ciudadanía pide a gritos un "gobierno de mano dura" propuestas populistas como las de Keiko despiertan simpatía en los electores. La delincuencia vende y es un capital que los políticos saben aprovechar. No en vano "luchar contra la inseguridad ciudadana" es el eslogan más popular entre los candidatos a la Presidencia de Centroamérica donde las cifras de violencia y asesinato son las más altas del continente americano.