Hace solo unas semanas el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Óscar Benavides, anunció que unas 70 autoridades municipales estaban siendo amenazadas en todo el país. Sin embargo, nada se hizo. Ahora hay más muertes que lamentar. 

La cifra es todo un récord porque durante el 2015 la AMPE afirmó que 40 eran los alcaldes amenazados. Los alcaldes víctimas son en su mayoría de las regiones de Lima, Áncash, Puno, Huánuco y La Libertad, una de las más problemáticas para ser alcalde.

Lo peor es que las amenazas suelen volverse realidad. En solo los últimos dos meses, fueron asesinados tres alcaldes: Luis Enrique Botteri, alcalde de Yaután (Áncash), Ronald Navarro, alcalde de Paimas (Piura), y Teodomiro Baca, alcalde de Pión (Cajamarca).

Pero la lista no acaba ahí, Javier Torres recordó solo algunos de los asesinatos que sucedieron en el 2015 y 2016. Las víctimas son de Cañete, Loreto, Villa María del Triunfo, Cusco, Jaén. Sin embargo, la lista crece si se incluye a las personas cercanas a los alcaldes que también fueron asesinados.

En la mayoría de casos, los extorsionadores piden cupos para no asesinar a los alcaldes o a sus familiares. Normalmente, los delincuentes suelen disparar contra la casas de sus víctimas o realizan llamadas amenazantes.

“Los delincuentes piden cupos de construcción civil a través de llamadas o mensajes de texto al celular. Los montos van entre S/10 mil y S/50 mil. Es un riesgo ser alcalde en el Perú”, aseguró el presidente de la AMPE.

Si a esta ya larga lista le aumentamos las muertes de autoridades del Poder Judicial, como el reciente caso del fiscal superior de San Martín, Fermín Caro, entonces comprobaremos la total inseguridad en la que trabajan las autoridades peruanas.

Lo que dice la ley sobre la seguridad de las autoridades

Según el artículo 19 del Decreto Legislativo N 1148, la Policía Nacional del Perú solo está autorizada a brindar protección integral policial a las siguientes autoridades:

“Al Presidente Constitucional de la República en ejercicio, al electo y ex Presidentes; seguridad personal a los Presidentes de los Poderes Públicos, Congresistas de la República, Ministros de Estado, Jefes de Estado en visita oficial al país”.

La Policía también le brinda protección semintegral a los viceministros, a los vicepresidentes, al director de la Policía Nacional. Y seguridad personal a los gobernadores nacionales, fiscal de la nación, defensor del pueblo, vocales supremos, fiscales supremos.

Los alcaldes no se encuentran en esta lista y tal vez sea por eso que son un blanco fácil para los extorsionadores. Pero si el Gobierno ya conoce esta realidad y tiene la lista de alcaldes amenazados que la AMPE ha difundido entonces, ¿por qué no hacen nada al respecto? ¿Cuántos alcaldes más tienen que ser asesinados?