Durante los últimos meses, y en especial en las últimas semanas, la imagen del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha cautivado a miles de personas de diferentes países del mundo. El líder canadiense se muestra como un político joven, carismático y progresista frente a la imagen conservadora y autoritaria de su vecino, Donald Trump.  

Sin embargo, existe un tema que Trudeau ha evitado desde hace casi un año y el cual es uno de los puntos más críticos de su país: los problemas que las mineras canadienses causan en varios países de Latinoamérica.

En un artículo del New York Times, el experto en temas ambientales, Jaime Porras, detalló algunos de los casos más dramáticos y la total inacción del gobierno de Trudeau. Pese a que estas mineras comenzaron sus operaciones con el anterior gobernante de Canadá, Stephen Harper, la actual administración de Trudeau no ha hecho nada para cambiarlas.

“Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos” .

El artículo menciona incluso que, en abril del 2016, unas 180 organizaciones ambientalistas de Latinoamérica le escribieron una carta abierta a Trudeau para que su gobierno regule a las mineras canadienses. Sin embargo, no ha habido una respuesta oficial.

En internet y en plataformas como Youtube se pueden ver reportajes y denuncias de líderes comunas contra el actuar de las empresas canadienses, en ellas se les acusa de “criminalizar y enjuiciar” a los líderes ambientales y de no respetar “los derechos humanos” de las comunidades. Incluso hay un video de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el que se discute el “impacto de las empresas mineras canadienses en Latinoamérica”.

En Perú también hay descontento con las mineras canadienses: El caso Aymarazo

En nuestro país, el caso más recordado de este descontento se dio durante el gobierno de Alan García en el 2011, cuando la región de Puno, con Walter Aduviri a la cabeza, rechazó el proyecto minero Santa Ana, que estaba dirigido por la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. El conflicto social terminó en la destrucción pública y privada de varias propiedades por lo que el proyecto tuvo que ser cancelado.

Como en otros casos en Latinoamérica, los líderes ambientalistas fueron denunciados y enjuiciados y la empresa canadiense pidió una indemnización al Estado, en este caso de 1,200 millones de dólares. Sin embargo, en una audiencia de setiembre del 2016, los representantes de la empresa reconocieron que no se admitió aplicar la consulta previa.

Hasta el momento no existe una clara política exterior del gobierno de Trudeau sobre las mineras canadienses. Según el New York Times, lo único que existe es una Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, un órgano que está centrado en dar consejos técnicos y que fue muy criticado por políticos canadienses porque no resuelve el problema vigente.

De todas las cosas sobre las que se ha pronunciado el líder canadiense (inmigración, derechos sexuales, fronteras, feminismo), el único tema que lo mantiene en silencio es el actuar de las mineras canadienses en nuestra región.