La historia de los proyectos hidroeléctricos en el río Marañón se remonta al gobierno de Alan García, cuando el entonces presidente de la República emitió un Decreto Supremo (DS 020-2011) para declarar de interés nacional la construcción de 20 hidroeléctricas en el río Marañón.  

En su momento, algunos ambientalistas cuestionaron la iniciativa por los efectos negativos que conlleva la construcción de hidroeléctricas en plena selva. Pese a todo, el gobierno de Ollanta Humala le dio su respaldo en el 2013, por lo que su construcción parece inminente.

Sin embargo, un reciente estudio de Conservation Strategy Fund, “Marañón: Costo social de los impactos acumulativos de cinco proyectos hidroeléctricos”, señala que las consecuencias serían gravísimas para las poblaciones indígenas que viven en el territorio en el que se realizarían los proyectos.

“El análisis realizado muestra que la construcción de cualquiera de las cinco represas evaluadas en la cuenca del Marañón afectaría a los ecosistemas y a la biodiversidad de manera negativa, deteniendo diversos procesos ecológicos claves para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que brinda el río (transporte de nutrientes y fuente de alimentos, por ejemplo)”.

Esta publicación se centró en el futuro impacto de los cinco proyectos más emblemáticos: Río Grande, Veracruz, Rentema, Manseriche y Chadín II. Esta última es la más criticada porque es gestionada por la empresa Odebrecht, denunciada a nivel internacional por casos de corrupción y soborno, y porque hace unos meses se asesinó al principal líder de la resistencia contra esta hidroeléctrica, Hitler Ananías Rojas Gonzales.

Otra de las consecuencias directas sería contra las poblaciones que se verían obligadas a verse desplazadas hacia territorios que no conocen, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se dedican a la agricultura, el daño sería doble.

Existe un significativo interés por parte de los actores locales y nacionales por los impactos individuales y acumulativos de estos proyectos de infraestructura, por sus efectos en términos de desplazamiento de poblaciones, reducción del área agrícola, deforestación y pérdida de hábitat.

El estudio también confirma que existe una enorme presión brasileña para el desarrollo de estos proyectos, ya que su alto crecimiento económico requiere un suministro de energía que espera verse abastecido por el Perú. 

Finalmente, el informe de Conservation Strategy Fund alerta que también habrá una enorme pérdida económica causada por las hidroeléctricas ya que alrededor de 190 mil hectáreas de cultivos serán inundadas, lo que provocará pérdidas de 1,440 millones de dólares en los próximos 30 años. Eso sin contar el valor de las emisiones de gases invernadero o de la interrupción de la ruta migratoria de peces que se verán afectados por la construcción de estas hidroeléctricas.