Hace unas semanas el Ministerio del Ambiente emitió la Resolución Ministerial 94-2017 en los que se proponía modificar los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) sobre el aire, una medida que aumentará 12 veces el límite de contaminación por dióxido de azufre.

La alerta la Asociación Internacional para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), organismo que emitió un comunicado en el que asegura que esta propuesta “afectaría la salud humana” porque flexibilizaría los estándares actuales de la calidad del aire.

“La norma propuesta aumenta más de 12 veces el límite para las concentraciones en el aire de dióxido de azufre (SO2) y duplica el de material particulado fino. Los ECA propuestos ignoran la evidencia científica según la cual dichas sustancias pueden provocar afecciones pulmonares y otras, particularmente a población más vulnerable como personas con asma, niños, niñas y adultos mayores”, dice el comunicado de AIDA.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) también respaldó la medida porque consideran que existen pruebas científicas que aseguran que el aumento de SO2 en el aire “promueve la formación de PM2.5”, partículas relacionadas con las enfermedades respiratorias.

Es decir, con esta nueva norma que promueve el Ministerio del Ambiente, las personas que viven cerca a las fábricas o metalúrgicas podrían respirar un aire 12 veces más contaminados y no podrían presentar una denuncia porque sería legal.

Una medida que se presentó en pleno feriado

Otro de los aspectos que denuncian ambas organizaciones es la forma en la que se presentó esta medida que apareció el 8 de abril en El Peruano, en pleno feriado de Semana Santa, y solo se daban diez días hábiles para el envío de comentarios. Además, la norma no publicó los argumentos científicos para aumentar el dióxido de azufre.

“De ese modo, el gobierno vulnera los derechos a la información y a la participación ciudadana”, asegura AIDA.

Según los especialistas, esta norma también estaría vulnerando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos porque es un claro atentado contra la salud y la integridad de las personas que no podrán respirar un aire limpio y seguro.

Pero, ¿por qué el gobierno y el Ministerio del Ambiente promueven esta norma dañina? Al parecer todo se debería al Complejo Metalúrgico de La Oroya, que está en venta hace años pero que no encuentra comprador debido a los estándares de calidad ambiental que protegen la vida de las personas.

“Dicho complejo ha sido un macroemisor de contaminantes por décadas, afectando la salud de las personas y el ambiente. El debilitamiento de los estándares para promover su venta, argumento que el gobierno ha mencionado públicamente, podría implicar mayores impactos en la población, que ha visto mejoras significativas en el último tiempo”.

De aprobarse esta norma, nuestro país podría tener incluso un aire con menor calidad. Recordemos que Lima es considerada la segunda capital de Latinoamérica más contaminada.