El año pasado la justicia peruana condenó a las autores de una las masacres más terribles que se dio durante la década de los ochenta: el caso Accomarca. En aquella fecha, tras más de 30 años de espera y 493 folios de pruebas, los sospechosos fueron declarados culpables. Sin embargo, muchos de ellos aún siguen prófugos. 

Excepto uno, Teófilo Amaru Rivera, uno de los tantos militares de tropa que participaron en el asesinato y destrucción de los cuerpos 61 personas en la localidad de Accomarca, en el departamento de Ayacucho, entre los que se encontraban 23 niños. Todos fueron acusados de ser terroristas por las fuerzas militares.

La función de Amaru Rivera, como la de otros dieciséis soldados de aquella sanguinaria tropa, fue, según el fallo que los declaró culpable, la de “disparar sus fusiles contra los pobladores (mujeres, varones, ancianos y niños) por un tiempo prolongado, luego el acusado Telmo Hurtado arrojó una granada al interior del ambiente donde se encontraban los detenidos”.

La captura de Amaru Rivera es así un triunfo para la justicia peruana, para la División de capturas de la Policía Nacional, pero sobre todo para las familias que luego de más de tres décadas siguen esperando que los otros culpables sean encarcelados.

La noticia la dio el diario La República, quien confirmó que Amaru Rivera fue uno de los autores materiales de la masacre y que ya se encuentra en la Sala Penal Nacional para que se le somete a un juicio oral.

Sin embargo, esta captura muestra que aún queda un largo camino para poder brindarles justicia a los familiares porque la gran mayoría de los autores de la masacre, sobre todo los militares que tenían rango de oficiales, siguen prófugos.

“El documento judicial [de la sentencia] revela que los superiores de Hurtado [el oficial a cargo de la operación] dispusieron el asesinato de testigos, la remoción de las tumbas de las víctimas y la fabricación de documentos para engañar a las autoridades”, recuerda La República.

Ante esto, el Ministerio del Interior incluyó hace un año, en su Programa de Recompensas los nombres de 9 altos cargos que participaron en Accomarca, entre los que destacan el entonces jefe de la 2da División de Infantería, general Wilfredo Mori Orzo.

El caso de Accomarca es también simbólico porque, como lo recuerda la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, evidencia como un caso donde hubo evidente violación a los derechos humanos, fue silenciado tanto por el fuero judicial de la época como por la justicia castrense. Lo que retrataba el clima de impunidad con el que se desempeñaban las fuerzas armadas.

“Los pocos casos que fueron llevados ante la justicia penal, terminaron con sentencias absolutorias, o con la sustracción de los inculpados por el Fuero Castrense, en las llamadas contiendas de competencia entabladas por la Justicia Militar, todas ellas, con la finalidad de excluir de responsabilidad a los oficiales involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos”, dice la CVR.

Aunque el camino aún es largo para otorgarle paz y justicia a los familiares de las víctimas, la captura de uno de los criminales es una buena noticia que debe llevar a reforzar la búsqueda de los otros asesinos que todavía están sueltos.