Desde hace décadas el río Rímac ha estado bajo una amenaza constante que solo se hizo más evidente cuando las lluvias del Niño Costero lo evidenciaron: varios relaves mineros estuvieron a punto de deslizarse al caudal del río, lo que habría contaminado la fuente de agua potable para Lima y Callao. 

En un artículo del diario La Répública, se detalló que según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) existen en total 17 relaves mineros formales a lo largo de todo el río Rímac.

Estos relaves están formados por toneladas de elementos tóxicos como arsénico, plomo, cadmio, aluminio y otros residuos que podrían atentar contra la salud de las personas. En el artículo se menciona que hay relaves que llevan más de 80 años almacenando elementos tóxicos.

El problema se encuentra en que mientras algunos relaves mineros está a 4 mil metros de distancia del Rímac, otros están a solo 5 metros; lo que podría provocar un desastre hidrológico sin precedentes.

“La legislación actual no autoriza relaves tan cerca de los cuerpos naturales de agua. No obstante, la mayoría de los que existe en esta cuenca datan desde hace “20 o 30 años”, cuando ni siquiera se había aprobado la Ley General del Ambiente”, dice el informe.

Y el problema es justamente ese, el cumplimiento de la ley. Durante años las empresas mineras de la zona abusaron de la falta de un marco legal sobre el almacenamiento de relaves mineros y cuando por fin apareció la ley, muchas de ellas las incumplieron.

Las autoridades locales no pueden hacer mucho ante esto porque a ellas no les corresponde sancionar las faltas de las empresas mineras y tiene que esperar que otras entidades acudan al lugar, realicen pruebas de contaminación y emitan una sanción. Una sanción que podría ser cuestionada y judicializada por las empresas mineras, si es que así lo desean.

El caso más emblemático es el del cerro Tamboraque en el que se encuentran uno de los relaves mineros más peligrosos, lo que llevó a que la zona sea declarada en emergencia 11 veces desde el 2008.

En aquel momento la empresa Nyrstar Coricancha se comprometió a mover 600 mil toneladas de relaves. Sin embargo, el plazo se venció en el 2014 y solo se realizó el traslado de la mitad de los compuestos tóxicos.

¿Qué hacer entonces? Otras empresas mineras como Casapalca y Antuquito que también tienen relaves que amenazan el río Rímac tampoco cumplieron con su plan de manejo ambiental. Si las autoridades competentes no pueden sancionar efectivamente el incumplimiento de las empresas, la contaminación del río Rímac será solo cuestión de tiempo.