Desde hace unos años la ciudad de Lima vive un auge inmobiliario en el que pequeñas casas o territorios son convertidos rápidamente en edificios de viviendas y de oficinas. Este fenómeno se ha repetido a lo largo de toda la capital provocando grandes cantidades de desmonte. Pero, ¿a dónde va este desmonte? Pues al mar y a los ríos. 

En un reportaje preparado por El Comercio se revela que el 70% de los desmontes de Lima terminan en estos lugares pese a que son ilegales y que además contaminan enormemente las playas y los ríos de Lima y El Callao.

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) informó que diariamente se producen unas 19 mil toneladas de desmontes que recogen piedras, vidrios, gravas, escombros, ripios, entre otros materiales de construcción. Y todo esto termina en el mar.

Pero, ¿por qué no se llevan estos desmontes a lugares autorizados?

La respuesta en el informe es simple: para ahorrar dinero. Cuando las empresas inmobiliarias acumulan desmonte se lo entregan a empresas informales que llevan sus restos y los botan en los ríos y playas. Esto no solo es más barato sino que, desde luego, es menos burocrático que llevarlo a un lugar autorizado.

“Según transportistas consultados, esto se debe a que entregar el material al mercado informal es más barato y no requiere de trámites”, dice el informe del diario.

Emilio Santa María, presidente del Comité de Canteras y agregados para la Construcción, también afirmó que esta realidad se debe, en parte, a la persistencia del Ministerio de Vivienda de exonerar a las inmobiliarias de hacerse cargo de sus residuos y desmontes. Y a que las municipalidades de diversos distritos no fiscalizan a las empresas que tiran los desmontes.

Sin embargo, todos escapan de sus responsabilidades. Algunas autoridades dicen que esto debería solucionarlo el Ministerio del Ambiente, otros el Ministerio de Agricultura y unos terceros las Municipalidades, aunque no tienen ni presupuesto ni muchas posibilidades de actuar.

“Otra dificultad de las comunas es el terreno legal. Una vez que los informales acordonan los vertederos con muros y puertas, convierten los predios en posesiones y quienes administran se encargarían de disipar el proceso de desalojo por medio de abogados”, aclara el informe.

Solo en El Callao se han arrojado en los últimos diez años entre 100 y 150 volquetes de hasta 20 toneladas, lo que ha provocado un enorme terreno de 4 kilómetros de desmonte que son administrados por empresas informales.

Mientras tanto, mientras que las autoridades locales y nacionales deciden quién debe actuar, los desmontes se ven con más claridad a lo largo de las playas y ríos, convirtiendo a Lima en una ciudad rodeada de desmontes.